Si alguna duda quedaba respecto a la absoluta sumisión de jueces y fiscales a los mandatos del poder político, ahí tenemos al juez de la ciudad de La Paz que tiene a su cargo el caso iniciado contra el Dr. Juan Antonio Morales por supuestos delitos de daño económico el Estado, enriquecimiento ilícito y otras figuras penales, todas ellas sin sustento alguno que en un Estado de Derecho no aguantarían el cuestionamiento de un estudiante de la Carrera de Derecho.
La falta de vergüenza y dignidad profesional de jueces como el Juez al que nos referimos ha llegado al extremo de suspender por sexta vez consecutiva una audiencia en la que se debía tratar sólo la sustitución de la medida cautelar de arresto domiciliario adoptada con anterioridad, simplemente por que sí, sin más explicación que su omnipotente voluntad que le hace olvidar las obligaciones que le imponen las leyes para tratar con preferencia temas que afectan a los derechos fundamentales de las personas.
Al leer en la prensa el caso José Antonio Morales, uno se pregunta ¿por qué tanto ensañamiento contra una persona que lo que hizo en su vida, y desde muy joven, fue llevar en alto el nombre del país, llenarnos de orgullo por sus dotes profesionales y su calidad humana? la única respuesta que se nos ocurre es Envidia y Odio (con mayúsculas) por no poder alcanzar los niveles de reconocimiento nacional e internacional por mérito propio y sin necesidad de doblar la cerviz ante poder alguno, como los logrados por el hoy imputado Dr. José Antonio Morales; Envidia y Odio al no poder encontrar en él la soberbia de la mediocridad con la cual medirse. Envidia y Odio por no conseguir que clame favores extralegales.
Pero, mientras una autoridad judicial que se encuentra en el último peldaño de la jerarquía del Órgano Judicial comete semejantes atropellos al derecho de acceso a la justicia, los órganos supervisores como el Consejo de la Magistratura, el Defensor del Pueblo, el Ministerio de Transparencia y otros, guardan silencio cómplice que no hace sino confirmar la sumisión total al poder político de las instituciones llamadas a defender la legalidad y los derechos humanos.
Cuánta diferencia con aquellos casos de jueces y juezas que por tomar decisiones antes de la llamada telefónica instructiva o en contra de ella han sido procesados y encarcelados/as.
Lo que no saben los/as operadores políticos que están detrás de esta persecución contra el Dr. Morales es que con tanto ensañamiento sólo muestran miedo, debilidad y develan para dentro y fuera del país un régimen autoritario, imagen que le hace mucho daño al propio Gobierno.
